Son varias las empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña, con el objetivo de evitar las consecuencias negativas que la situación política actual pueda tener sobre su negocio.

Sin embargo, esta decisión nunca debe ser improvisada o precipitada. Y es que el sector empresarial tendrá que gestionar su reputación, que puede resultar altamente dañada, ante un mercado de más de 7,5 millones de habitantes como lo es Cataluña, de los cuales en torno a dos millones son favorables a la independencia.

Joan Roselló, Director de Public Affairs Experts, reflexiona en torno a esta cuestión en una nueva columna de opinión, publicada hoy en el diario Expansión.

Puedes ver la columna completa en este enlace.

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